FISCALIA DESATA CACERIA DE BRUJAS EN UNIVERSIDADES

Escrito por: Sinprofuac @ 19:00

EL SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA- SINPROFUAC, comprometido con la autonomía universitaria y con las políticas de protección y garantia de los derechos fundamentales, como el del habeas data, rechaza la intervención de la fiscalia, al pretender junto con la Dijin, apoderarse de las bases de datos de estudiantes y docentes de las universidades Nacional, Distrital, Pedagógica, Libre y Autónoma, so pretexto de perfeccionar investigaciones que rompen el derecho penal de acto y se constituyen en un verdadero abuso y arbitrariedad en ele ejercicio de sus funciones.

EL SINDICATO DE PROFESORES DE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA, ante la intervención de la Fiscalia en las bases de datos se pronuncia. ( según la noticia difundida por CARACOL RADIO, el 9 de noviembre y titulada: “La Fiscalía revisa las bases de datos y libros de universidades públicas en busca de terroristas Caracol | Noviembre 9 de 2008.” Tomada de http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=707011.

SINPROFUAC, Convoca a todas las universidades comprometidas con la autonomía y el respeto y garantía de los derechos humanos, a una reunión a fin de que se abra un debate sobre el entramado que entre fiscalias y gobierno se tejen, para arremeter contra las comunidades universitarias criticas frente a la política de seguridad democrática, montada sobre falsos positivos que seguramente ahora llegaran a las universidades y a propósito de la la indignidad del gobierno que violenta los derechos humanos de las comunidades universitarias.

Es necesario Denunciar judicialmente y exigir a las autoridades una explicación sobre estas medidas que son propias de los estados fascistas que bajo la política de la defensa social, como en la España franquista y la Alemania nazi, desarrollaron una política de exterminio contra los intelectuales y académicos críticos y progresitas, que se oponían a la arbitrariedad y el totalitarismo de Estado y ante un pueblo que por miedo, comodidad y complacencia, se sometía dócilmente a su dictador, sin prever las consecuencias del silencio y la entrega de los derechos de sus congeneres.

Hacemos un llamado a las autoridades de la Universidad Autónoma de Colombia, en cabeza del rector Dr. Juan Carlos Vergara, para que en caso de haber recibido la petición del intendente a que hace referencia la noticia de Caracol Radio, informe a la comunidad universitaria, la decisión que la universidad tomo frente a la petición elevada por ese funcionario público y para que denuncie ante las autoridades judiciales, la arbitrariedad y el abuso de poder en que ha incurrido la fiscalia con ese proceder, que no sólo vulnera el debido proceso, el derecho penal de acto, sino que pone en riesgo la seguridad de los estudiantes y profesores de la universidad.

PRESIDENCIA SINPROFUAC

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A CONTINUACIÓN TRANSCRIBIMOS EL TEXTO DE LA NOTICIA DIFUNDIDA POR CARACOL RADIO. EL 9 DE NOVOEMBRE DE 2008.

Una "cacería de brujas" denuncia sector universitario.Caracol | Noviembre 9 de 2008.

"Un fiscal especializado de la Unidad contra el Terrorismo ordenó inspeccionar los archivos y bases de datos de todas las plantas de docentes y estudiantes de la universidades Nacional, Distrital, Pedagógica, Libre y el Sena, en la busca de guerrilleros y otros miembros de grupos armados.

El fiscal especializado Jorge Ivan Piedrahita Montoya emitió un oficio que relaciona el proceso número 65.635 y en el que pide que se realice una inspección judicial a las bases de datos y libros de la planta estudiantil de las instituciones educativas en mención, desde el año 1992.

"A fin de dar impulso a las diligencias y perfeccionar la investigación, comisionese al intendente Benancio Triana, de la Dijin, para que realice inspección judicial a las bases de datos y libros de la planta estudiantil y docente de las universidades Distrital, Pedagógica, Libre, Universidad Nacional y Sena, desde el año 1992, a fin de realizar un descarte de las personas que aparecen dentro de la investigación como miembros de grupos armados al margen de la Ley", asegura el documento conocido en exclusiva por Caracol Radio.

Llama la atención que tras conocerse la orden de la Fiscalía, el intendente Benancio Triana, comisionado por el ente investigador, ofició al rector de la Universidad Autónoma, Juan Carlos Vergara Silva, para que también suministre los datos pertinentes que conforman la planta de docentes y alumnos de esa institución, pese a que no está contemplada en el oficio que la Fiscalía General de la Nación envió a la Dijin.

Como se recordará, algunas universidades públicas han sido infiltradas por desconocidos que invitan a los estudiantes a sumarse a las filas de grupos ilegales.

Unos vídeos presentados por la senadora Ginna Parody hace varias semanas muestran a encapuchados que arengan a los universitarios sobre el "trabajo político y las ideas de las FARC". Los videos generaron una fuerte polémica en el pais.

La persecución llega a las universidades colombianas

Juan Alberto Sánchez Marín

Yvke

La Fiscalía colombiana revisará las bases de datos de las universidades públicas, “para detectar la presencia de terroristas”. La medida causó el asombro de juristas y de la Procuraduría. Los estudiantes ven en el anuncio la continuidad de la represión y el terror propios de la “Seguridad Democrática” del presidente Uribe, hacia un sector que no comulga con sus métodos ni políticas.

La revisión de las bases de datos se hará en las universidades Nacional, Distrital, Pedagógica, el Sena, y la Libre. La orden fue emitida por el fiscal de la unidad especializada contra el terrorismo, Jorge Iván Piedrahita Montoya, “con el propósito de detectar la presencia de terroristas”. La Autónoma, que no hace parte de la lista elaborada por la Fiscalía, fue la primera universidad a la que el intendente comisionado de llevar a cabo la indagación hizo llegar el oficio correspondiente.

“Es el intento de perseguir y señalar al movimiento estudiantil y a los dirigentes estudiantiles”, dijo Andrés Paredes, coordinador de Comunicaciones de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU, en entrevista con YVKE Radio Mundial

“El estudiantil universitario es uno de los sectores sociales que más confronta la política que aplica el gobierno del presidente Álvaro Uribe en el país. Eso ha generado paros y conflictos, que hacen que se trate de estigmatizar el movimiento estudiantil, y que exista muy mala relación entre el alto gobierno y la universidad pública. La revisión anunciada es un elemento más dentro de la estrategia del gobierno para identificar cuáles son los activistas de las universidades”.

¿Porqué la universidad pública? Se preguntan en un comunicado las Juventudes del Polo Democrático Alternativo. Y agregan: “Esta campaña de desprestigio de la universidad pública colombiana no hace parte de ninguna lucha contra los movimientos ilegales armados, ni mucho menos contra el terrorismo; si esto fuera cierto hace muchos años que las universidades públicas serían "rebaños de ovejas", con la cantidad de represión, desplazamiento y muerte que han tenido que sufrir los movimientos y gremios estudiantiles”.

La parodia de Parody

El sector estudiantil fue puesto en la mira del huracán cuando la senadora uribista Gina Parody, hace algunos meses, reveló documentos y videos que muestran a encapuchados en mítines dentro de las sedes universitarias, específicamente, en la Universidad Distrital de Bogotá.

La denuncia llevó al DAS, la central de inteligencia del Estado, a advertir que las FARC se infiltran en los centros docentes y el movimiento estudiantil, para "demostrar su trabajo político y dar a conocer sus ideas en las juventudes".

La senadora Parody se rasgó entonces las vestiduras y afirmó que en sus tiempos de universitaria jamás vio a ningún estudiante defendiendo sus ideas con capuchas. Claro, hay que tener en cuenta que la senadora estudio en la Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá, donde nunca se ven ni se verán capuchas o encapuchados; ni siquiera capuchinos, sólo los jesuitas dueños de la educación en Colombia. Donde la presencia del DAS y de otros organismos de inteligencia es innecesaria. Ella no estudió en la nacional, ni el la distrital, ni en la Pedagógica, ni en ninguna universidad pública, donde tantos estudiantes "revoltosos" deben ser tenidos a raya.

Las acusaciones indicaban que, con la aquiescencia de las directivas, se estaban propiciando actos subversivos en los centros de educación superior, sobre todo, en los de carácter público.

Carlos Ossa Escobar, rector de la Universidad Distrital (ex constituyente, ex contralor del país y ex director del Banco de la República), frente a la avalancha de críticas e insinuaciones, indicó que “nos vimos precisados a salir al debate público y a presentar cuatro argumentos: primero, en la universidad hay libertad de expresión y cualquiera tiene el derecho a exponer sus ideas; segundo, el uso de capuchas no es necesariamente motivo de alarma, pues puede deberse a razones de seguridad y a precaver persecuciones contra quienes disienten; tercero, fueron expresiones pacíficas de ideas. Y un cuarto argumento, o más bien, un comentario a tener en cuenta, fue llamar la atención sobre lo peligroso de “macartizar” la Universidad Pública”.

Opinan sobre el exabrupto

"Es un acto improcedente que debe aclararse lo más pronto posible. Es una medida que no tiene lugar", dijo Samuel Moreno, alcalde de Bogotá.

“Esto a lo mejor ni el propio fiscal general debe saberlo. Esa es una orden bastante arbitraria. No se pueden hacer investigaciones indeterminadas porque eso sería el desvío de poder", manifestó Alfonso Gómez Mendez, ex fiscal y precandidato liberal.

“Es un exabrupto de la Fiscalía. Más bien es una cacería de brujas, donde se busca hacer una redada abstracta en las universidades buscando a aquellos que tienen un pensamiento contrario del Gobierno”, señaló Parmenio Cuellar, ex ministro de Justicia y ex gobernador de Nariño, quien agregó que “en ese proceso, seguramente, los investigadores ya tienen en mente a quien perseguir o a quienes capturar”.

“Lo correcto es que si la Fiscalía sospecha de algunas personas pregunten por cada una de ellas, y no comprometer a estudiantes y docentes”, dijo Pedro Herrera, presidente del Sindicato de Profesores Universitarios. “Con este tipo de ordenes se pone bajo sospecha la totalidad de la comunidad estudiantil”.

"Este tipo de procedimientos puede ser violatorio de los derechos a la defensa, al buen nombre y al ejercicio pleno de las libertades. La responsabilidad penal es individual y pretende someter a todos por igual a una especie de examen colectivo y estigmatizar a la comunidad universitaria, puede acabar con el principio de inocencia", dijo Clara López Obregón, Secretaria de Gobierno del Distrito.

Andrés Paredes, en su charla con YVKE, señaló que “las universidades son un bastión importante en términos de la construcción de ideas. Creemos en la batalla de ideas, y en los campos universitarios vivimos eso. Esto nos lleva a no estar de acuerdo y confrontar algunas políticas del gobierno”.

“En las últimas investigaciones que hemos hecho desde la ACEU”, complementó el dirigente estudiantil, “hemos descubierto que en los últimos 3 años han asesinado 15 dirigentes estudiantiles, muchos han sido desplazados y más de 100 estudiantes están amenazados”.

Argentina, para no olvidar el presente colombiano

Las numerosas fichas y los expedientes sobre estudiantes, hallados hace algunos años en la Argentina, han revelado el grado de sistematización, coordinación y organización de la persecución ideológica, que la última dictadura militar montó sobre las universidades públicas y hasta privadas de todo el país. Una universidad alertaba al resto de los alumnos suspendidos, sancionados o expulsados por actividades subversivas. Era un sistema aceitado: la facultad informaba al rectorado, éste al sistema universitario y de allí, al resto.

A 32 años del golpe, se siguen desclasificado documentos y hallando nuevas historias, nombres y conexiones de lo que se ha llamado el “Plan Cóndor Universitario”, un circuito de información que daba cuenta del comportamiento y la militancia de los estudiantes de todas las casas de estudio de la Argentina.

La revisión de los datos y la sistematización de la información universitaria, condujo en el país austral a un grado de control descabellado, hallándose incluso requerimientos de las comisarías exigiendo a las autoridades educativas que remitieran informes sobre los libros que los alumnos sacaban de la biblioteca.

En los cruces de datos, los investigadores han encontrado hasta el momento 20 estudiantes desaparecidos sólo de la Facultad de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Pero se trató de un sistema represivo y criminal que se extendió a todo el país.

Las coincidencias vistas ahora Colombia con los pasos iniciales de ese aciago recorrido dado en Argentina durante los años de la dictadura militar, no son coincidencias. Son acciones típicas y medidas calculadas por parte de aquellos gobiernos que tienen mucho que tapar y mucho que acallar.

La solidaridad necesaria

“Varias investigaciones de las organizaciones estudiantiles colombianas muestran el grado de represión que ha representado el gobierno del presidente Uribe para el movimiento estudiantil universitario”, dijo Andrés Paredes, de la ACEU.

En un país en el que hay que “tragar entero” y “comer callado”, el que opina pierde, el que habla queda marcado y el que protesta se muere.

Los estudiantes de las universidades públicas, más que por las “pruebas fehacientes” de la reciente parodia, que sí lo fueran de hecho originarían investigaciones judiciales concretas y no estas ráfagas de metralla preventivas y amedrentadoras, han sido en Colombia un sector difícil para el gobierno del presidente Uribe.

“Por eso es muy importante la denuncia de los hechos de violación de los derechos humanos de la población estudiantil, y que se pueda despertar la solidaridad con respecto a nuestro movimiento”, concluye el dirigente estudiantil.

Una piedra en el zapato tan molesta como los indígenas, los sindicatos, los trabajadores, los desempleados. Y como todo el resto del país que no hace parte del 80% o 90% de los 2000 o 5000 encuestados entre aquel segmento de ciudadanos (porque son de ciudad), que a lo sumo alcanza el 10% de la población total del país, por lo general, beneficiarios de Uribe o beneficiados con él, que creen que su presidente hace las cosas entre bien y muy bien.